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| Zona donde están los caminos afectados. |
El
grupo municipal socialista de Catarroja ha acusado a la alcaldesa del PP,
Soledad Ramón, de “adjudicar ‘a dedo’ una obra destinada a la reparación de
caminos rurales en el Parque Natural de La Albufera, ya que se la concedió por
decreto a una empresa y tras anular el concurso previo declarándolo ‘desierto’,
pese a que cinco empresas habían presentado sus ofertas e incluso se había
seleccionado ya una de ellas como la más ventajosa”.
Los socialistas han señalado asimismo que “la empresa a la que la alcaldesa le ha adjudicado ‘a dedo’ la obra es una de las que se presentaron al concurso anulado, pero su oferta no era la más barata, sino que quedó la segunda, aunque después, según el ‘decretazo’ de alcaldía, rebajó el precio, si bien este cambio de presupuesto no aparece en el expediente”.
De
acuerdo con los documentos a los que han tenido acceso los concejales
socialistas, el Ayuntamiento de Catarroja sacó a concurso la reparación de tres
caminos rurales en el Parque Natural de La Albufera por un importe total de 29.000
euros, IVA incluido, de los cuales 2.295,53
correspondían a la redacción del proyecto y la dirección de obra y 26.704,37 a
la ejecución propiamente dicha de los trabajos.
Propuesta del
arquitecto municipal
A este concurso se presentaron cinco empresas y, una vez
estudiadas sus ofertas, el arquitecto municipal propuso la adjudicación de la
obra a la empresa CRIBD, por ser la suya la más ventajosa, concretamente de
17.500 euros, IVA aparte, si bien le
exigió que la justificara, por ser inferior a la media de las presentadas, y
que incrementara el importe del aval. Esta empresa así lo hizo y el arquitecto
confirmó su propuesta de adjudicación para que fuera aprobada por la Junta de
Gobierno Local.
Posteriormente, sin embargo, la Junta de Gobierno Local,
presidida por la alcaldesa, acordó, el 18 de septiembre pasado, declarar
‘desierto’ el concurso, alegando que “los trabajos de la siega del arroz
imposibilitarán el cumplimiento del contrato”. No obstante, al día siguiente, la
alcaldesa, en solitario, decreta, por “necesidad urgente y perentoria de
acometer la reparación”, la adjudicación de la obra a la empresa que había
quedado segunda en el concurso, aunque no por su oferta, que era de 21.580, IVA
aparte, sino por 17.000.

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