Alberto Gradolí

Alberto Gradolí

16 de mayo de 2014

EL GOBIERNO DE SOLEDAD RAMON PODRÍA HABER COMETIDO UNA ILEGALIDAD FLAGRANTE QUE BENEFICIARIA A FAMILIARES DEL EQUIPO DE GOBIERNO EN PERJUICIO DE LOS INTERESES DE LOS VECINOS DE CATARROJA.

Local Centro de Especialidades 
Según el expediente relativo al contrato de arrendamiento del centro de especialidades de Catarroja, al que hemos tenido acceso el Grupo Municipal Socialista, el contrato fue firmado, por una persona que no era la propietaria del local y que además es familiar del primer teniente de alcalde Rafael Sanchis, y sin un informe técnico que avalara las clausulas del contrato.

En el momento de la firma del contrato de arrendamiento, la persona que firmo el contrato ni era propietaria del local, ni tenía poderes para hacerlo, (según la información registral consultada) y además tiene vínculos familiares con el entonces responsable de protocolo y ahora primer teniente de alcalde Rafael Sanchís.


A este despropósito hay que añadir una cláusula dentro del contrato de arrendamiento que obliga a pagar el IBI y la tasa de basura al arrendatario, es decir, al propio Ayuntamiento, y como este no la puede pagar por ser el beneficiario, conlleva que al propietario y arrendador, se le esté dispensando de pagar el IBI y la basura todos los años, perjudicando los intereses del Ayuntamiento, que es el de todos los vecinos, y por lo tanto, siendo contraria a la ley.

Es escandaloso, que además, en la tramitación de este contrato aparezca una empresa intermediaria, regentada por la misma familia que firma el contrato, y la que cobra comisiones por la mediación. “no es la primera vez en donde la voluntad del PP de Catarroja intenta beneficiar a los suyos a costa del erario público”, ya ocurrió con el concejal del PP Sigfrido Ribes Olmos, responsable de Industria, Comercio y ocupación en el ayuntamiento de Catarroja, con la concesión de una licencia para la apertura de uno de sus negocios de alquiler de oficinas en el polígono industrial de Catarroja, a pesar de tener los informes de los técnicos en contra que detectaron numerosas irregularidades.

En el alquiler del local del centro de especialidades, existe un informe del tesorero municipal con fecha diciembre de 2013 y que no estaba incluido dentro del expediente del arrendamiento, que indica que la cláusula sexta aparatado D del contrato de arrendamiento firmado, es nula de pleno derecho, ya que el ayuntamiento no puede ser sujeto pasivo de los tributos que se indican, por lo que no procede la bonificación exención ni devolución al ser contrarios al ordenamiento jurídico. Además llama mucho la atención que el contrato de arrendamiento de otro local por parte del ayuntamiento no tenga incluida esta cláusula. 

El proceder de la alcaldesa y del gobierno del PP de Catarroja, presuntamente en beneficio de los suyos, y en contra de los intereses generales de Catarroja es reiterativo, por lo que hemos exigido que se depuren responsabilidades y dimitan los responsables. “es vergonzoso que el gobierno de Soledad Ramon mire más por los intereses de los suyos que por los intereses generales, firmando resoluciones de alcaldía en donde autoriza la devolución del importe del IBI y la tasa de la basura, a la empresa propietaria del local que tenemos arrendado, además teniendo en cuenta la inexistencia de informes técnicos que avalen las clausulas del contrato de arrendamiento”.

El grupo socialista ha presentado un escrito previo a otras actuaciones que se reserva, instando que revisen el acto administrativo para declarar nulo el contrato de alquiler o en su caso se resuelva por ser perjudicial para los intereses del ayuntamiento, además de que se reclame el IBI y la tasa de la basura que se ha estado devolviendo durante tantos años.



“Catarroja necesita un centro de especialidades, pero no por eso, pagar el doble de lo que cuesta un local en el mercado. Con lo que hemos pagado el local podría ser propiedad del ayuntamiento, además de que Catarroja tiene locales que podría haber usado para este fin, sin necesidad de arruinar más las arcas públicas. “Ahora se entiende que no quieran exigir a la Conselleria que cumpla con sus obligaciones y construya el centro en el lugar destinado a su fin, ya que si fuera así, sus amigos no podrían hacer negocios”.

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